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Análisis de la inconstitucionalidad del Divorcio Incausado vigente en el Distrito Federal

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Por: Manuel Gutiérrez De la Peza

Socio de Capin Ibañez & Asociados, S.C.

 

Planteamiento de la cuestión.

La reforma al Código Civil para el Distrito Federal de fecha tres de octubre de 2008, en efecto suprime la necesidad de acreditar una causal para solicitar el divorcio y permite la disolución del vínculo matrimonial mediante la solicitud de solo uno de los cónyuges sin que el otro pueda, de alguna forma, oponerse a la disolución. Se hace notable que dicha reforma instituye un proceso que viola la garantía de audiencia contenida en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución al no permitir al cónyuge que no haya solicitado el divorcio, recurso o medida alguna para evitar la disolución matrimonial y la consiguiente afectación a su esfera jurídica.

INTRODUCCIÓN

La regulación jurídica del estado civil en nuestro país ha sufrido más transformaciones en estos últimos diez años que en los ochenta anteriores. Esto es resultado de un esfuerzo de algunos congresos locales para ajustar sus correspondientes Códigos Civiles a la realidad Social. A manera de ejemplo podemos citar la Ley de Sociedades de Convivencia y la supresión del supuesto de “distinto sexo” para el matrimonio; el divorcio administrativo y el mal llamado “divorcio express”; los procedimientos especiales para determinar la guardia y la custodia de los menores, etc.

Naturalmente estas reformas han sido controversiales, y motivo de rechazo por amplios sectores de la sociedad, y sostenidas por otros sectores quienes han pretendido justificar su motivación haciéndola radicar en la necesidad de ajustar la Ley a la realidad, y en consecuencia tomar esa razón para considerar dichos cambios como muy positivos en su mayoría aunque ciertamente perfectibles, sin considerar también que tales cambios consecuentan y avalan en muchas ocasiones, el radical cambio en la ideosincracia del pueblo de México, incluso violentando la normatividad aplicada hasta estos tiempos y que era acorde con la naturaleza de las instituciones, como en el caso el matrimonio, en efecto, se puede considerar como controversial el hecho de que una institución relativa a tan sensible tema, como lo es la fundación de la familia, sea tergiversado y moldeado a la realidad social, pudiendo regular dicha realidad mediante la normatividad que corresponda y sin trastocar la institución que ha venido siendo cimiente de la sociedad mexicana.

De las reformas comentadas, las relativas a los artículos 266, 267, 271, 277, 280, 283, 283 Bis, 287, 288; y la derogación de los artículos 273, 275, 276, 278, 281, 284, 286 y 289 Bis, todos del Código Civil para el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial de la misma entidad con fecha tres de octubre del 2008.

Como anunciamos la reforma sustituye la necesidad de acreditar por lo menos una de las causales establecidas en la Ley por una simple solicitud que podrá hacerse por uno o ambos cónyuges que manifiestan su voluntad de disolver el matrimonio.

Como toda reforma requiere de motivación y cuando se refiere a temas sensibles como los que plantea la sociedad no solo mexicana sino la comunidad internacional, igualmente se requieren argumentos “aparentemente” válidos y que sólidamente fundamenten la necesidad de llevar a cabo la adecuación de la norma con la realidad social, en efecto y en el caso concreto de la reforma al Código Civil para el Distrito Federal, los impulsores la motivan con afirmaciones que consolidan el ánimo del Legislador para llevar a cabo la reforma y que es el siguiente:

En materia de causales de divorcio, es conveniente precisar que solo los cónyuges pueden decidir lo que consideran una causa bastante y suficiente para divorciarse, puesto que ellos son los que conocen el ambiente en el que se desenvuelve su matrimonio y una autoridad carece del conocimiento para decidir si es una causa bastante al no estar involucrada en la vida cotidiana del matrimonio. Bajo esta óptica, el divorcio debería concederse con la simple alegación de no querer seguir casado porque esto demuestra que ya no existe la voluntad, que es uno de los elementos del matrimonio”

Ahora bien, el divorcio incausado, ¿podría considerarse como un exceso legislativo y violatorio de las garantías de uno de los cónyuges?, ¿por hacer posible la disolución del vínculo matrimonial por solicitud de una de las partes, sin causa justificada y posiblemente en contra de la voluntad de la otra parte?

Adicionalmente es de considerarse que a todas luces, se trasgrede el principio de Derecho consistente en que los contratos bilaterales se deben dar por terminados y solo con las mismas formalidades con las que se celebraron, en el caso del matrimonio, al haberse contratado mediante un acuerdo de voluntades entre los contratantes, cónyuges, su terminación deberá darse igualmente mediante un convenio modificatorio del contrato y para su terminación, es decir modificando y extinguiendo derechos y obligaciones y no como el legislador lo propuso al reformar el Capítulo X, del Título Quinto, del Libro Primero del Código Civil, dejando a la voluntad de uno de los contratantes el dar por terminado el matrimonio, sin dar oportunidad a su contraparte de interponer recurso o medida ninguna para evitar la disolución del matrimonio y así evitar posiblemente una afectación a su esfera jurídica y social.

Consecuentemente para ajustar la ley a la realidad, se hace necesaria la congruencia entre la norma y la teoría general del Derecho, considerando que si bien la definición del Derecho, entraña a su vez un problema lógico insuperable que impide definirlo, quedándonos solo la posibilidad de explicarlo o concebirlo y así por ejemplo podemos citar a Celso, el que con una definición subjetiva que adopta Ulpiano y reza: “el derecho es el arte de lo bueno y de lo equitativo”, demuestra que para él, la esencia de lo jurídico está en función de lo bueno y de lo equitativo, pero desde el punto de vista objetivo, Planiol considera que “el Derecho es el conjunto de reglas a las cuales, bajo la sanción del poder social, está sometido el uso que el hombre hace de su libertad en sus relaciones con sus semejantes” y por lo tanto, nuestro legislador y al reformar y derogar diversas normas relativas al modo de dar por terminado el contrato de matrimonio errona violentando la naturaleza de dicha institución, su manera de darlo por terminado, atropellando el derecho a expresar la voluntad el otro cónyuge y en consecuencia en contravención de la norma constitucional (art. 14) que consagra como derecho humano la garantía de audiencia.

INSTITUCIÓN DEL MATRIMONIO

Hasta antes de las llamadas Leyes de Reforma y en especial la Ley del Registro Civil de 1857, el Estado no regulaba el matrimonio, por considerarlo “un acto sujeto al Derecho Canónico y a la potestad de la Iglesia” y no fue sino hasta 1859 que fue definido como contrato civil en la Ley de Matrimonio Civil.

El Constituyente de 1917 agregó la concepción de matrimonio coomo contrato a la Constitución en su artículo 130, lo que continuó vigente hasta 1992, año en que fue reformado para desde entonces considerarlo, estableciendo con seguridad, que el matrimonio “es un contrato bilateral y solemne”.

Actualmente el Código Civil para el Distrito Federal, define el matrimonio en los términos del reformado artículo 146, “como la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida”. Estableciendo también que las relaciones familiares son generadoras de deberes, derechos y obligaciones que surgen entre las personas vinculadas por lazos de matrimonio.

En primer término y a partir de las reformas en comento, el matrimonio dejó de ser considerado un contrato, para ser considerado como “una manifestación de voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho, reconocidas por el ordenamiento jurídico”, esto es, un acto jurídico en virtud de que su existencia requiere del acuerdo de voluntades de dos personas físicas ante un representante del poder público y que produce consecuencias de derecho con el fin principal del apoyo mutuo entre las partes.

Este objeto del acto jurídico, bilateral y que por supuesto requiere de la solemnidad de realizarse frente al poder público, entre otros derechos y obligaciones que produce, se encuentran las de darse alimentos, otorgarse fidelidad, cumplir con el débito carnal o la misma cohabitación, además de adquirir el atributo personal llamado estado civil.

En conclusión el matrimonio en el Distrito Federal, no es más considerado como un contrato, lo que contraviene su naturaleza tergiversando la manifestación de voluntades para producir determinados efectos de derecho, que sería la esencia de un contrato, para comprenderlo como una manifestación unilateral de voluntad intencionada a producir consecuencias de derecho reconocidas por el ordenamiento legal y por supuesto dar cabida a su terminación mediante la manifestación unilateral de voluntad de uno solo de los cónyuges.

EL DIVORCIO

En la legislación mexicana, el divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro matrimonio.

La Ley del Divorcio promulgada el 29 de diciembre de 1914 y ya iniciada la Revolución, autorizó el divorcio desvinculatorio, ley que estuvo vigente hasta la promulgación de la Ley de Relaciones Familiares, promulgada el 9 de abril de 1917, la que sustituyó en su totalidad del Libro de Derecho de Familia del Código Civil quedando vigente hasta el año de 1928.

Antes de esta legislación, existían algunas figuras para resolver los conflictos matrimoniales y como en la antigüedad el matrimonio podía disolverse, mediante figuras como el repudio, considerado desde el Deuteronomio, sin embargo dicha figura requería de motivación y comprobación por el que la ejercía.

Es de considerarse que México fue de los primeros países en Iberoamérica en contar con una legislación sobre el divorcio, antecedido por Portugal que hizo lo propio en 1910, contrastando con España que la incluye en 1932, Bolivia en 1972, Brasil en 1977 y Argentina en 1987, por mencionar algunos países, Chile aprobó su legislación en materia de divorcio hasta el año de 2004.

En la gran mayoría de los estados que conforma la familia jurídica latina, compartiendo la tradición jurídica del derecho romano, se contemplan dos tipos de divorcio, el divorcio voluntario o por mutuo consentimiento en que ambos cónyuges manifiestan su deseo de disolver el vínculo matrimonial y el divorcio causal o necesario, para el que se requiere acreditar una causa descrita en la propia legislación y que por lo general equivale a un incumplimiento de las obligaciones surgidas del matrimonio o la imposibilidad de cumplirlas, como serían el trastorno mental, impotencia o enfermedad contagionsa que hacen imposible la convivencia conyugal y cuyos efectos se circunscriben a la terminación de la cohabitación, permaneciendo los cónyuges obligados al cumplimiento de las demás obligaciones e imposibilitados a contraer nuevas nupcias, como lo señala el reformado artículo 277 del Código Civil para el Distrito Federal.

Para el caso de lo comentado en el párrafo precedente, cabe señalar que en México, existe la opción equiparable al llamado divorcio por separación de cuerpos y motivado por aquellas causas que imposibilitan la convivencia conyugal, divorcio que solo suspende la cohabitación.

Lo que en todo caso opera al llevarse a cabo el divorcio, es la modificación del estado civil de las personas divorciantes, es decir “el conjunto de cualidades constituyentes que distinguen al individuo en su ciudad y en la familia, la pérdida de la mayoría de los derechos que le derivan del matrimonio, tales como la ayuda mutua, la fidelidad, el débito carnal, etc.”

EL DIVORCIO INCAUSADO Y LA GARANTIA DE AUDIENCIA

Es la Ley Española 15/2005, la que al suprimir las causales de divorcio y reformar su artículo 81, inspira la reforma de la ley mexicana, la que toma en forma casi literal su redacción y la plasma en el artículo 266 del Código Civil para el Distrito Federal, con la mínima variación en cuanto al tiempo en que se puede ejerce el derecho de pedir, que en España es de tres meses y en México de un año, adicionando el legislador mexicano la frase “sin que se requiera señalar la causa por la cual se solicita” y de esa manera reiterar que no será necesario acreditar situación o hecho diverso al estar casados para obtener el divorcio.

Al establecer el procedimiento de divorcio incausado que uno o ambos cónyuges deben presentar su solicitud por escrito acompañada de la propuesta de convenio para regular las cuestiones inherentes al matrimonio y a la regulación de las consecuencias de la disolución del mismo (alimentos, división de bienes, custodia de menores), radicada y notificada que haya sido tal solicitud, no existe forma de evitar la disolución del matrimonio, limitándose cualquier conflicto entre las partes a los términos del convenio referido.

El Legislador fundamenta en dos puntos la reforma: (i) que solo los cónyuges tienen la facultad de señalar las causas que sean lo suficientemente graves para terminar el matrimonio y no así el Estado; y (ii) que la tramitación del divorcio evitará el desgaste y el daño que usualmente conlleva el divorcio, especialmente por el tiempo de su tramitación.

Por todo lo observado y comentado, nos hace afirmar que la aplicación de esta reforma es violatoria del segundo párrafo del artículo 14 Constitucional vigente en México, cuando establece la garantía de audiencia en los siguientes términos:

Nadie podrá ser privado de la vida, o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplirán las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.”

De conformidad con lo argumentado en este análisis, debemos considerar que antes de la presentación del divorcio, existe una relación jurídica, calificada como atributo de la persona y una serie de derechos y obligaciones que se derivan de tal relación jurídica.

Con la reforma, la simple declaración de voluntad de una de las partes, la autoridad judicial determina la terminación del vínculo matrimonial y la extinción de derechos y obligaciones entre los cónyuges sin mayor trámite, la litis solo podrá referirse a la división de los bienes, custodia de menores y fijación de alimentos (si procede).

El cónyuge que no presentó la solicitud de divorcio y que no desea la disolución del matrimonio, sufrirá por el acto de la privación consistente en la sentencia de divorcio, de forma definitiva e irreparable las consecuencias de dicha disolución, es decir, la modificación de su estado civil y los derechos que le derivan del matrimonio.

Como sujeto titular de la garantía de audiencia consagrada en la Constitución, se encuentra todo sujeto gobernado y se trata de la máxima oportunidad defensiva que tiene como tal el gobernado, antes de ser privado de sus bienes o de sus derechos, por actos de autoridad.

Se actualiza esta garantía de audiencia y tiene su alcance de conformidad de lo expresado por nuestro Máximo Tribunal al sostener que “existe la obligación de parte de las autoridades responsables de dar oportunidad al agraviado o quejoso de que exponga todo lo que considere conveniente para la defensa de sus intereses” y a pesar de ello en el caso del divorcio incausado, como gobernado que es, no puede oponerse al mismo, solo pudiendo oponerse a dar alimentos, a la forma de dividir los bienes, a la determinación de la custodia de quien está sujeto a la patria potestad, pero el divorcio procederá.

LA SUPREMA CORTE DEFINE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA REFORMA

No obstante lo expresado en los anteriores argumentos y consideraciones, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la reforma comentada no contraviene a la Constitución al confirmar la sentencia de divorcio y por lo tanto negó el amparo bajo el siguiente argumento:

“El “divorcio sin causales” no atenta contra la sociedad ni la familia; por el contrario, protege y fortalece al tratar de evitar conflictos en la disolución del vínculo matrimonial, así como enfrentamientos entre personas y familias que alienten entre ellos la posibilidad de odio, violencia, egoísmo y acciones maliciosas”

El anterior argumento de los Ministros de la Suprema Corte, pretende poner de manifiesto que el legislador local buscó evitar la parte contenciosa del antiguo proceso de divorcio y, de esta manera, posibles afectaciones en el desarrollo psicosocial de los integrantes de la familia, al mismo tiempo que contribuir al bienestar de las personas y a su convivencia constructiva.

CONCLUSIÓN

Debemos atender a la circunstancia de que resultaría aberrante por parte del Estado, el empeñarse en mantener vigente el matrimonio de quienes solicitan el divorcio, sin embargo en tratándose del matrimonio, debe de tenerse en cuenta que se refiere a dos personas vinculadas jurídicamente y para el caso de que solo una de ellas desee conservar los derechos que le confiere el matrimonio, tendrá derecho a un recurso que le permita mantener su situación jurídica, en respeto a la garantía constitucional consagrada en nuestra Carta Magna.

Resulta además inevitable rechazar por improcedente el argumento y la motivación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por falta de fundamento, ya que si bien la finalidad perseguida es el evitar el desgaste y daño que se deriven de un largo conflicto judicial, la reforma comentada en nada ayuda a resolver esta situación, toda vez que de no estar de acuerdo las partes en los términos de la separación, el conflicto continuará de la misma forma que antes de la reforma, quizá el único desgaste que se evita es a costa de suprimir la litis al concederle la petición a favor del solicitante sin importar lo que el otro cónyuge afectado pudiera argumentar en su defensa.

En cuanto al argumento consistente en que solo los cónyuges pueden estimar la gravedad de las causales para manifestarse en no querer continuar con el matrimonio y darlo por terminado, solo tendríamos que realizar el ejercicio de considerar que en cualquier contrato civil, cualquier parte podría estimar suficientemente graves las condiciones a que se encuentra sujeto y de no serle cómodas o accesibles, dar por terminado el contrato respectivo (arrendamiento, asociación o sociedad), cuando la ciencia del Derecho establece la necesidad del acuerdo entre partes para la extinción del acto jurídico.

Sin embargo y sin desacreditar las motivaciones justas o válidas del legislador, creemos que el ejercicio anterior no resuelve los problemas que busca atender al no evitar conflicto y desgaste al momento de la separación y, por el contrario, violenta la garantía de audiencia.

Consideramos que la raíz del problema no radica en la existencia o no de causales, sino en la impartición de justicia en México, en particular la falta de un procedimiento ágil y especializado que les permita a las partes recibir una resolución rápida y justa a su conflicto matrimonial, en el caso de que solo una de las partes desee el divorcio, guardando el respeto a los derechos de ambas partes.

BIBLIOGRAFÍA

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