CAPÍN & IBAÑEZ

Novedades y publicaciones

Las Nuevas Garras del SAT

0

Por: Lic. Rafael Torres Raba

Socio de Capin Ibañez & Asociados, S.C.

 

El 1º de enero de 2014 el Congreso afinó las herramientas jurídicas con las que las autoridades fiscales contaban para eficientar los procesos de verificación y determinación de contribuciones omitidas. Las autoridades no tardaron mucho en ejercerlas, pues apenas 10 dias después de que les fueron entregaron sus nuevas armas, la autoridad fiscal publicó una lista con 164 contribuyentes cuyas operaciones se presumen simuladas.

Además de las nuevas obligaciones para abrir la contabilidad mensualmente a la página de internet del SAT, y la posibilidad de realizar actos de fiscalizacion electrónica sin notificacion previa, la autoridad fiscal puede de un plumazo presumir que todas las operaciones de un contribuyente son falsas y, como tal, desproveerlas de efectos fiscales hasta por 5 años atrás (y no queda claro hasta cuánto tiempo hacia el futuro).

Los legisladores, quienes cuando toman posesión de su cargo juran protesta para resguardar la Carta Magna, han provisto al SAT de un arma letal que difícilmente pasa el estudio más laxo de protección a los derechos humanos. Pues aún cumpliendo puntualmente los pasos legalmente establecidos, las consecuencias en cuanto a reputación, fama pública y garantía de audiencia previa son brutalmente arrollados.

Si el regalito legislativo al SAT le adicionamos ingredientes como el error humano y el autoritarismo con el que los funcionarios hacendarios suelen manejarse, tenemos como resultado una fallida primer publicación en el medio de publicación oficial del gobierno, una lluvia de amparos, con sendas órdenes de suspensión de los Jueces Federales y una segunda publicación oficial en la que la autoridad fiscal deja si efectos la primer publicación.

Antes que nada, no hay duda que las autoridades deben buscar formas creativas para eliminar la informalidad y la creciente evasión fiscal que inunda nuestra economía, caracterizada principalmente por la compra de facturas para degradar la base gravable, pero nunca a costa de los derechos humanos y garantías reconocidas por la Constitución.

El nuevo artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación permite la publicación de los nombres de todos aquellos contribuyentes que se presume han venido simulando operaciones por no contar, directa o indirectamente, con los medios para prestar servicios, producir, comercializar o entregar los bienes amparados en algún comprobante emitido, o bien, porque se tengan registrados como no localizados por la propia autoridad fiscal.

Ahora bien, el primer párrafo del artículo 69-B del Código, establece expresamente que las razones de la publicación derivan de la apreciación de la autoridad de que el contribuyente no cuente con la capacidad para, directa o indirectamente, cumplir  con la prestación amparada por la documentación comprobatoria, presumiéndose por tanto, la simulación de la totalidad de las operaciones realizadas en los últimos 5 años, y de los siguientes.

Las presunciones parten del método de conocimiento deductivo, pues implica dar por cierto un hecho o situación desconocida a partir de hechos conocidos. En la legislación el artículo 379 del Código Procedimientos Civiles del Distrito Federal expresamente señala Presunción es la consecuencia que la ley o el juez deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido: la primera se llama legal y la segunda humana. Por su parte, el Código Federal de Procedimientos Civiles señala las reglas federales de las presunciones (artículos 190 a 196), de las que se destaca la regla general que dicta que las presunciones admiten prueba en contrario[1], pudiéndose romper la presuntiva tanto por demostrar que los supuestos de la presunción no se han presentado, como en contra de las consecuencias que se presumen. En este último caso, la prueba presentada  en contra obliga al que la alegó a rendir prueba de lo que en principio estaba relevado a demostrar.

De acuerdo a lo anterior, la autoridad fiscal se encuentra obligada a señalar las razones conocidas que la llevan a presumir que las operaciones amparadas constituyen actos simulados. En caso de que la autoridad omitiera demostrar los hechos que le son conocidos, además de incurrir en una violación constitucional por dejar en estado de indefensión al contribuyente que no sabe las razones que llevaron a la autoridad a concluir que sus operaciones han sido consideradas simuladas, se estaría incurriendo en una contravención a los supuestos legales de la presuntiva al no demostrar encontrarse en la situación requerida para la aplicación de la misma.

El segundo párrafo del artículo 69-B del Código, establece precisamente el procedimiento que debe seguir la autoridad para dar a conocer los contribuyentes cuyas actividades han sido consideradas simuladas.  La ley ordena realizar 3 publicaciones, una a través de Buzón Tributario[2], la segunda en la página de internet del SAT y la tercera en el DOF. Los contribuyentes tendrán un plazo de 15 días a partir de la última de las publicaciones, para desvirtuar con documentación e información los hechos que llevaron a la autoridad a concluir que sus operaciones son simuladas.

La exhibición prácticamente inquisitorial que la autoridad fiscal hace de los contribuyentes en las listas publicadas resulta más bien propia de la época de las 13 Colonias y La Letra Escarlata, situación que esta prohibida por el artículo 22 Constitucional, pues la infamia[3] se encuentra entre la lista de penas consideradas violatorias de los derechos humanos.

Por su parte, la pretendida garantía de audiencia que se prevé, igualmente resulta inconstitucional, pues el otorgar un plazo para que el contribuyente demuestre que sí fueron reales las operaciones hechas en los últimos 5 años, no se hace previamente a la exhibición pública de su presumible defraudación pues la publicación del nombre del contribuyente que se tacha de defraudador se hace sin que éste hubiera podido previamente desvirtuarla, en términos de lo ordenado por el principio jurídico; esta injusticia se hace aun más evidente considerando que la autoridad no demuestra ni razona sus conclusiones en las publicaciones hechas en la página de internet del SAT y el DOF.

Una vez rendidas las pruebas de descargo, la autoridad sólo tomará 5 días para valorar 5 años de operaciones y notificar si considera que se ha roto o no la presunción, debiendo publicar en un plazo no menor a 30 días la lista final de contribuyentes que no hubieran demostrado la veracidad de las operaciones. Es de llamar la atención lo corto de los tiempos previstos, máxime que los procedimientos de todos los contribuyentes se desarrollarán mas o menos en la misma época, situación que necesariamente repercutirá en la calidad del análisis a efectuar por la autoridad fiscal.

Una vez publicada la lista final, se considera que TODOS los comprobantes expedidos por el contribuyente constituyen operaciones simuladas y no producirán efecto fiscal alguno.  Tomando en cuenta esta situación no es difícil pensar que una empresa que ha sido exhibida públicamente en la primera lista, de súbito y posiblemente de forma injustificada, vea mermada su lista de clientes, efecto que en la práctica comercial pueda ser de imposible reparación.

Si bien es cierto que el derecho al honor no esta expresamente reconocido en la Carta Magna, éste es reconocido tanto en la prohibición a la infamia, como en los derechos a la personalidad, a la vida privada y los límites a la libertad de imprenta y de expresión[4]; en este mismo sentido, el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, reconoce el derecho, ese sí expreso, al honor y la reputación. La Primera Sala de la Suprema Corte emitió la jurisprudencia 118/2013 DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR. SU DIMENSIÓN SUBJETIVA Y OBJETIVA[5], es el derecho a que otros no condicionen negativamente la opinión que los demás hayan de formarse de nosotros y que puede ser lesionado por todo aquello que afecta a la reputación que la persona merece.

La ley omite señalar si la sanción opera sólo hacia el pasado o si ésta se prolonga en el tiempo hacia el futuro, y hasta cuándo, pareciere que la interpretación correcta debiera ser que sólo opere al pasado limitado, como máximo a 5 años, pues nuevamente resultaría constitucionalmente cuestionable que esta presunción afecte operaciones que aun no han sido realizadas.  De concluir que la sanción también opera hacia el futuro, podría considerarse como una pena trascendental, no en cuanto al sujeto, sino en cuanto al objeto.

Finalmente, a los contribuyentes que hubieran recibido comprobantes invalidados, se les otorga el derecho a defenderse en un plazo de 30 días, contados a partir de la publicación del último listado, o en su defecto, para corregir su situación fiscal. Cabe señalar que en este caso la autoridad no practicará una notificación particular a los terceros, por lo que éstos tendrán que defenderse casi a ciegas, por desconocer las razones próximas que llevaron a considerar las operaciones de su contraparte como simuladas, situación evidentemente violatoria del derecho a la seguridad jurídica, pues se le causa una afectación patrimonial sin conocer las razones y fundamentos por las cuales la autoridad fiscal concluyó que dichas operaciones eran simuladas.

Ahora bien, la afectación no se queda únicamente en el plano patrimonial, pues una vez decretada la simulación, si el contribuyente no corrige su situación fiscal,  además de que la autoridad determinará el crédito fiscal correspondiente, podría dársele vista al Ministerio Público a fin de iniciar un procedimiento de carácter penal[6].

Como hemos visto, el nuevo artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación esta plagado de violaciones a los derechos humanos y constituye un abierto retroceso al compromiso del gobierno –tanto a nivel legislativo, como a nivel ejecutivo– en su protección, pues desde la primera publicación de datos de los contribuyentes se compromete su honor y fama pública, más allá de que pueda demostrar la veracidad de sus operaciones a los ojos de la autoridad fiscal.

Conclusiones

No es de extrañarse que una disposición legal pueda ser objeto algún cuestionamiento de carácter constitucional, y menos aún alguna disposición de carácter tributario; sin embargo, el nuevo artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación resulta más bien propio de un gobierno totalitario e inquisitorial.

Pareciere que ha reiniciado una época de terrorismo fiscal para lo cual hay de estar preparado y abierto para recibir oportunamente asesoría calificada, pues los tiempos de respuesta son muy cortos y las consecuencias muy graves.

[1] Salvo por lo que hace a las presunciones legales en que expresamente se indique lo contrario, llamadas presunciones iure et e iure. Se aprovecha el momento para destacar que este tipo de presunciones se estiman inconstitucionales al transgredir el derecho humano a la audiencia previa, por coartar el derecho a alegar y probar previamente a algún acto de afectación.

[2] De acuerdo a la fracción VII del Artículo Segundo de las Disposiciones Transitorias para 2014, la implementación del buzón Tributario ha quedado suspendida para las personas morales hasta el 30 de junio de 2014 y para las personas físicas hasta el 1º de enero de 2015, por lo que hasta en tanto este medio de notificación no sea implementado, interpretaría que ésta debería efectuarse personalmente.

[3] El Diccionario de la Lengua Española define a la infamia como descrédito, deshonra.

[4] Recordemos que uno de los límites a la libre manifestación de ideas es el ataque  a los derechos de terceros; por lo que hace a la libertad de imprenta, ésta igualmente encuentra límites en el respeto a la vida privada, la moral y la paz pública; sin pasar por alto la prohibición a las penas impuestas de infamia.

[5] Jurisprudencia por reiteración, 1ª/J 118/2013 (10ª), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero 2014, Décima Época, Libro 3, Tomo I, Segunda Parte, pág. 471.

[6] El Código Fiscal de la Federación establece en su artículo 108 que se considerará como defraudación fiscal el que con uso de engaños omita el pago de alguna contribución, conducta  que serán calificada si para ello se utilizaron documentos falsos. La calificativa implica el aumento de la pena que corresponda en una mitad.  Dependiendo de la cuantía de lo defraudado, la pena de prisión va desde los dos años hasta los nueve años, más la calificativa.

Su comentario

Debe estar registrado para hacer comentarios.