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Presunción de Inocencia en Materia Fiscal

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Lic. Pablo M. Ibáñez Carrancá

Actualmente, la mayoría de los contribuyentes han sufrido por parte de la autoridades hacendarias actos de molestia como consecuencia de las constantes revisiones que éstas les realizan, así como, por los constantes requerimientos que les solicitan. Lo anterior, ha dejado como consecuencia que el hecho de recibir una notificación por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ponga a temblar a los dueños y directores de las empresas, debido a que saben que es muy probable que aún y cuando se hayan conducido adecuadamente y cumplido con todos los requisitos fiscales, la autoridad posiblemente termine determinándoles un ingreso, ya sea por que desde “su opinión” no se cumplieron adecuadamente con todos los requisitos o bien por que decide recaracterizar las operaciones y darles alcances distintos a los reales y legales.

Las determinaciones de impuestos, siempre han sido un dolor de cabeza para los contribuyentes, ya que aunque hayan cumplido adecuadamente con sus obligaciones, la inexperiencia de la autoridad o la visión miope de ésta, puede traer como resultado una determinación de diferencias impositivas, las cuales, se traducen en una inversión de los contribuyentes en abogados, contadores y tiempo de ellos, para atender los requerimientos, mismos que les genera una pérdida importante de tiempo y de recursos para atender a los auditores y defender sus derechos ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Lo anterior, ha traído como consecuencia un excesivo trabajo para los órganos jurisdiccionales en materia fiscal, los cuales se han percatado que en muchas ocasiones la autoridad ha excedido sus atribuciones y ha determinado a los contribuyentes impuestos sin haber realizado un análisis adecuado de la información contable y fiscal que le fue proporcionada por el contribuyente, por lo que los mencionados órganos no existe certeza de que la determinación se encuentre adecuadamente realizada y apegada a derecho.

Como consecuencia de lo anterior, de discusiones y estudios tanto en el medio judicial como en el doctrinal, se ha llegado a la conclusión de que la presunción de inocencia debe de operar en el procedimiento administrativo sancionador, lo cuál puede traer una evolución en el derecho fiscal muy interesante, dotando de una mayor seguridad jurídica a los contribuyentes, ya que, si se llega aplicar adecuadamente podría incluso propiciar el aumento de las inversiones en el país, sobre todo por el adecuado trato que en su caso deberá de proporcionar la autoridad a los contribuyentes.

Ahora bien, debemos de partir por analizar qué se debe de entender por presunción de inocencia, tanto de forma general como aplicando dicho criterio al procedimiento administrativo sancionador, o bien, presunción de inocencia en materia fiscal.

En estos términos, la presunción de inocencia es un derecho subjetivo público fundamental que procede del artículo 20, inciso B, fracción I Constitucional. Es un principio de aplicación directa e inmediata, es el derecho que tiene toda persona acusada de la comisión de un delito a ser considerada y tratada como inocente, en tanto no se establezca y pruebe legalmente su culpabilidad.

En tesis jurisprudencial, cuyo rubro enuncia “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que de la interpretación de los artículos 14, 16, 19, 21 y 102 apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estima que “los principios constitucionales del debido proceso legal y el acusatorio resguardan en forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia, dando lugar a que el gobernado no esté obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia, puesto que el sistema previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le reconoce, a priori, tal estado, al disponer expresamente que es al Estado, a través del Ministerio Público, a quien incumbe probar los elementos constitutivos del delito y de la culpabilidad del imputado.

Ahora bien, al hablar de la presunción de inocencia en el procedimiento administrativo sancionador, debemos de comenzar por determinar en que consiste la prueba, misma que debe de tener como característica principal la de evidenciar y convencer a la autoridad (o en su momento al órgano jurisdiccional) de la existencia real de los hechos y actividades realizados por el contribuyente, con la finalidad de que puedan observar que los mismos amparan actividades reales con una verdadera razón de negocios.

Al respecto, la autoridad administrativa al momento de llevar acabo la revisión de las pruebas que le han sido entregadas, deberá cerciorarse de que existen hechos ilícitos cuya responsabilidad puede ser imputada al contribuyente, y no partir de estipulaciones o presunciones que tengan como consecuencia la determinación de un crédito, sin haberse cerciorado de la existencia del incumplimiento de las obligaciones fiscales.

En estos términos, la Suprema Corte, ha declarado que la presunción de inocencia es un derecho que puede ser compatible con el ámbito administrativo sancionador, ya que las autoridades administrativas tienen su actividad relacionada con procedimientos con consecuencias reguladoras disciplinarias, las cuales deben de marcar las regulaciones necesarias para que las actividades de los contribuyentes sean las adecuadas y cumplan con los requerimientos establecidos en ley, partiendo de que la potestad sancionatoria de las autoridades administrativas debe de buscar en todo momento proteger la dignidad humana a través de un procedimiento que cumpla las formalidades esenciales.

Por lo anterior, la Corte Suprema emitió el siguiente criterio jurisprudencial.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES.

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; el cual se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos preceptos -porque tienden a especificar y a hacer efectiva la presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el numeral 1o. constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso.

Para analizar el criterio anterior, debemos de partir de los siguientes conceptos:

-       El procedimiento administrativo sancionador, es aquel procedimiento que es iniciado a un particular a partir de una situación concreta, en la que la autoridad lleva acabo su revisión bajo su potestad de autoridad en donde deberá de cumplir las formalidades mínimas de un debido proceso, debiendo de comprobar y corroborar las actuaciones realizadas por el particular.

-       Se puede llegar a señalar que las sanciones administrativas pueden llegar a tener una naturaleza penal, partiendo únicamente desde el punto de vista de que la administración pública actúe y se ostente como un órgano de poder sancionador.

-       Por infracción administrativa debe de entenderse aquel comportamiento que contravenga lo dispuesto en una norma jurídica la cuál tenga aparejado una sanción o la privación de un bien o un derecho, tal y como sucede en la materia fiscal, lo cuál no debe de estar contemplado en el ordenamiento jurídico como delito o falta.

-       La presunción de inocencia deberá de fungir como un límite a la potestad represiva del Estado hacia los particulares, cuando éste se encuentre en el ejercicio de su derecho punitivo.

El derecho de presunción de inocencia, decidió aplicarse al procedimiento administrativo sancionador, toda vez que en la interpretación la Corte buscó llevar acabo la exégesis más favorable a los particulares, ya que de no ser así, se podría estar llevando acabo una violación a derechos humanos.

En estos términos, y toda vez que en la materia fiscal al momento de obtener las resoluciones y determinaciones de las autoridades, los contribuyentes se ven privados de un derecho o de sus bienes, se puede concluir que debe de prevalecer la presunción de inocencia en materia fiscal protegiendo a los particulares de las actuaciones de las autoridades.

Por lo anterior, las autoridades administrativas y en específico las hacendarias, deberán de llevar acabo un estudio más detallado de los elementos que les han sido presentados durante su revisión, para que, al momento de que emitan la resolución correspondiente, demuestren si efectivamente el particular realizó actos ilícitos, los cuales puedan tener como consecuencia la imposición de una sanción administrativa o de un crédito fiscal, pero partiendo en todo momento de que dicha sanción deberá de ser corroborada y demostrada, y ya no se podrá presumir o considerar que “desde su punto de vista” no se aplicó adecuadamente el derecho.

Lo anterior, tendrá como consecuencia una mayor seguridad jurídica para los contribuyentes, ya que los actos de molestia y las resoluciones deberán ser respaldadas adecuadamente por la autoridad, desplazándosele la carga de la prueba a la autoridad para futuras revisiones.

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